Covid, la falacia de la pandemia

La pandemia del COVID 19 que llevamos sufriendo desde hace dos años, además de un problema sanitario viene a ser un diabólico experimento social, que seguramente será estudiado en el futuro en las Facultades de Psicología del mundo civilizado.

El experimento sociológico consiste en que en pocos años se puedan cambiar los valores, las costumbres y las tradiciones del mundo occidental conocidas, al ser sustituidas por nuevos valores y fundamentalmente por el miedo a lo desconocido.

Lo que conocemos de esta pandemia es que el virus no ha sido aislado, que las vacunas contienen nanotecnología y óxido de grafeno, que no han sido autorizadas por ninguna agencia del medicamento europea o americana y que solo han sido autorizadas de manera urgente al entender que era el único tratamiento posible a la pandemia.

Por tanto, no han seguido los procedimientos que cualquier medicamento sigue con las fases de experimentación animal, experimentación en humanos voluntarios, dejar un período suficiente para evaluar los efectos secundarios y las interacciones con otros medicamentos y así poder quedar inscritos en el listado de medicamentos autorizados por la agencia europea del medicamento o por la FDA, su equivalente americano.

A lo largo de mis 46 años de ejercicio de la medicina he tomado como costumbre saludable confrontar argumentos y evidencias en las discusiones técnicas, y pasar por las comisiones de farmacia la inclusión de cualquier medicamento nuevo que se propusiese para que el hospital lo aceptara en su propia farmacia y lo pusiera a disposición de los médicos que trabajásemos en dicho hospital.

Las discusiones en dichas comisiones de farmacia, como las que se supone que hacen los colegios de médicos, las organizaciones profesionales tanto médicas, farmacéuticas y de biólogos están basadas en la evidencia científica del tratamiento propuesto.

Hemos sido tan exquisitos en esas comisiones, en las que yo alguna vez he participado, que para aprobar la inclusión de un nuevo medicamento la primera condición siempre fue que previamente estuviese aprobado por la Agencia Española del Medicamento; en segundo lugar que se aportara un dossier con toda la documentación de la ficha técnica del medicamento, y por último que en las publicaciones relacionadas con el mismo se evaluara la consistencia científica, el procedimiento de estudio seguido, la existencia o no de meta-análisis y las posibles revisiones Crochane del tema, lo que exquisitamente hemos llamado “medicina basada en la evidencia científica”.

Con todo ello en ocasiones se desechaba el medicamento por no ajustarse exquisitamente a los requisitos, o por existir alguna otra alternativa más barata y que funcionase igual.

Me ha llamado mucho la atención que ningún colegio de médicos, ni organización profesional de medicina, farmacia o biología, así como los diferentes comités de farmacia de los miles de hospitales que existen se hayan pronunciado, en ningún sentido, sobre el extraordinario caso de unas vacunas que no han seguido el procedimiento habitual de autorización.

La única solución propuesta para acabar con esta pandemia ha sido el uso de un tratamiento basado en una nueva tecnología, con fragmentos de ARN-virus en un substrato de óxido de grafeno, de cuya composición solo tenemos referencias porque algún laboratorio y universidad española se ha atrevido a analizar su composición, como revelan los estudios realizados por el Dr. Pablo Campra Madrid, profesor titular de la Universidad de Almería *

Quiere decir que miles de organismos nacionales e internacionales, acostumbrados a supervisar, autorizar o denegar la conveniencia de un nuevo tratamiento NO TIENEN NADA QUE DECIR o no se han atrevido a hacerlo, y que la población, sin conocer lo que estaba recibiendo y solo fiándose del criterio de autoridades políticas, ha entrado a saco en la ilusión de que con este tratamiento se acabaría este infierno.

¿Cuál ha sido el papel de los profesionales sanitarios, de sus organizaciones, de los institutos de investigación, de las facultades de medicina y de los colegios profesionales? La mejor representación de su papel es la figura de los tres monos: uno se tapa los ojos, el otro la boca y el tercero los oídos.

Por otro lado el ciudadano, sometido sociológicamente al bombardeo de las falacias Ad hominem en la que se desacredita a todos los profesionales que cuestionan las acciones que se están tomando, unidas a las falacias del hombre de paja, en las que se desacredita los argumentos ridiculizándolos y llamándoles negacionistas-terraplanistas y sobre todo la falacia mejor usada por el gobierno, la falacia tu quoque ad populum, según la que si una gran mayoría cree que algo es lo correcto y se inocula, es que la vacuna es buena, y finalmente con una falacia ad nauseam con la repetición desde todos los medios de comunicación de que la vacuna es la solución y que lo solidario es vacunarse. Frente a todas esas falacias debemos palpar la realidad y analizar los datos, y eso es lo que voy a intentar hacer.

En la mayoría de las comunidades autónomas en España, se han vuelto a tomar medidas coercitivas, en las que se solicita el pasaporte COVID, que supone tener las tres dosis de la vacuna, para poder entrar en restaurantes o consumir en una terraza de un bar, ir al gimnasio y un largo etcétera de lugares donde no pueden entrar los que no estén vacunados o no lleven ese pasaporte COVID en regla.

Estas medidas, según los decretos de los diferentes gobiernos autonómicos, se basan en estudios sobre efectividad de las vacunas frente a COVID 19, que según dicen textualmente, han demostrado ser muy eficaces tanto en la prevención de contagios como en la posibilidad de ingresar en hospitales y la gravedad de dichos ingresos.

En ninguno de los decretos se citan los datos de dichos estudios científicos que deberían avalar esas afirmaciones.

Dicen esos decretos que la vacunación completa, de tres dosis, tiene una efectividad de 60 al 85 % contra la infección, 90 al 99 % contra la hospitalización, 90 al 95 % contra la mortalidad y 65 al 99 % contra la enfermedad sintomática, apoyándose en estudios científicos que tampoco aportan.

Pero el estudio epidemiológico más fiable es el que se realiza con datos reales y actuales de nuestro país en las manos y confirmar si esos supuestos estudios que dicen avalar las decisiones políticas son los correctos.

Hace unos días se ha publicado la actualización número 529 de la enfermedad por el coronavirus (COVID-19) con datos consolidados a las 19 horas del día 23 de diciembre de 2021.

En dicho informe, realizado por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, se estudia la tasa de incidencia media semanal, entre el 18 de octubre y el 12 de diciembre de 2021 en 18 Comunidades Autónomas.

En el estudio se comparan dos grupos: uno de ellos en pacientes que han recibido las tres dosis de la vacuna, frente al grupo que no ha recibido ninguna dosis, excluyendo el grupo que había recibido una o dos dosis. Los datos que ese estudio muestra al excluir los de pacientes con una o dos dosis hace que solo se comparen  pacientes con tres dosis frente a pacientes sin vacunas, pero si se hubiesen comparado pacientes vacunados frente a no vacunados, los datos serían espeluznantes, así como el doble o más de lo que recoge el estudio , pero centrándonos en lo que el propio ministerio reconoce, diríamos que tal como nos han repetido insistentemente las autoridades sanitarias, los grupos de mayor riesgo son aquellos de más de 60 años de edad, y el informe al analizar los datos encuentra que en los grupos de edad entre 60 y 79 años se produjeron 63.126 casos de COVID de los cuales 53.775 fueron en pacientes que habían recibido las tres dosis de la vacuna frente a 7.354 casos de no vacunados. Quiere decir que se contagian de COVID 7.3 veces más los vacunados con tres dosis que los no vacunados.

Pero si observamos la hospitalización, ingreso en UCI y fallecimiento encontramos cifras igualmente llamativas, de manera que ingresaron en el hospital 3.753 pacientes vacunados frente a 1.199 no vacunados. En UCI 508 pacientes vacunados frente a 262 no vacunados y fallecieron 271 pacientes vacunados frente a 101 no vacunados. O sea que se hospitalizan más del triple pacientes vacunados frente a no vacunados, ingresan en UCI el doble de vacunados que de no vacunados y fallecen casi el triple de pacientes vacunados que no vacunados.

Cuando observamos el grupo de edad de más de 80 años las cifras son aún más evidentes, de forma que en ese grupo se produjeron 9.969 casos en personas vacunadas frente a 1.069 casos en no vacunados, se hospitalizaron 2.320 pacientes vacunados frente a 390 no vacunados, ingresaron en UCI 48 pacientes vacunados frente a 18 no vacunados, falleciendo 511 pacientes vacunados frente a 124 no vacunados.

Quiere esto decir que: en los grupos de personas de más de 80 años, o sea los más desprotegidos, los primeros que se vacunaron, se infectaron nueve veces más los vacunados que los no vacunados, se hospitalizaron seis veces más pacientes vacunados que no vacunados, ingresaron en UCI tres veces más pacientes vacunados que no vacunados y murieron cuatro veces más los vacunados que los que no recibieron ninguna dosis de la vacuna.

Por tanto, la justificación de solicitar el pasaporte COVID y la necesidad de que la mayor parte de la población se vacune con tres dosis, no se ha basado en criterios científicos, y se contradice con los propios estudios elaborados por el Ministerio de Sanidad de España, que provienen de los datos facilitados por cada Comunidad Autónoma y que deberían avalar la decisión de recibir tres dosis de vacunas y obtener así un certificado COVID de inmunidad.

No se trata solo que los decretos en los que se exige pasaporte COVID, con tres dosis de la vacuna, sean anticonstitucionales y atenten contra los artículos 14 y 18 de la Constitución Española, sino que el hecho de vacunar a la mayoría de la población está causando más contagios, mas ingresos hospitalarios y en UCI y muchas más muertes entre los pacientes con COVID vacunados con las tres dosis frente a los que no recibieron ninguna dosis, aún excluyendo del estudio aquellos vacunados con una o dos dosis.

Posiblemente existan responsabilidades más allá de la política, que las autoridades deberán pagar antes o después ya que les va a resultar imposible demostrar la eficacia de esas vacunas que iban a ser la solución de esta pandemia tan mal tratada técnicamente, así como la necesidad de privar de derechos constitucionales a toda la población, sin olvidarnos de todos aquellos que hicieron un juramento hipocrático al terminar sus estudios de medicina y que están siendo colaboradores necesarios, como mercenarios a sueldo de esos políticos que nos están trayendo este desastre sanitario, económico y social.

* El  estudio al que hago referencia no está promovido por la Universidad, sino por un profesor de la misma  el Dr. Pablo Campra Madrid, que es doctor. en Ciencias Químicas y licenciado en Ciencias Biológicas, profesor titular de la Universidad de Almería y que analizó viales de las cuatro marcas de vacunas contra la Covid (Pfizer, Moderna, Janssen y Astra Zeneca), todas las que se inoculan en España, detectando óxido de Grafeno, un tóxico que no ha sido declarado, y que según decenas de estudios científicos publicados puede causar trombos, cáncer, mutaciones en el ADN, infertilidad y otras patologías. Esa toxicidad ha impedido que se utilice en biomedicina hasta el momento y por eso no lo incluyen en la composición de las vacunas. Este profesor hizo un estudio previo en junio y cuando lo publicó saltaron todas las alarmas en su contra y la Universidad.

La universidad de Almería  no se vincula con esa investigación