Anna Rossell
El pasado día 10 de abril el Parlamento Europeo aprobó el que se denomina Pacto sobre Migración y Asilo (PEMA), unos acuerdos que tienen como objetivo dirigir de manera coordinada la política de los estados miembros de la Unión Europea sobre estos asuntos humanamente tan importantes y sensibles.
¿Nos acordamos todavía de aquellos tiempos en que las personas nos podíamos mover libremente por el mundo o, cuando menos, bastante libremente?
- Autores, Varios (Autor)
Si bien todavía no hace muchos años Europa era un continente dividido en dos bloques de políticas enfrentadas ideológica y económicamente y que el resto del mundo se alineaba con uno de los dos bloques según sus intereses, los ciudadanos y las ciudadanas de los respectivos bloques podíamos ir y venir por los países del bloque al que pertenecíamos sin más impedimento que el de mostrar el pasaporte en la frontera o, en casos excepcionales, el correspondiente visado obtenido antes con facilidad. Este era un gesto que casi era una formalidad y sólo pretendía controlar el paso de posibles criminales perseguidos por la justicia. Se podía viajar y realizar estancias de tres meses en el extranjero como turista y, si convenía, elegir sin grandes obstáculos el país donde queríamos vivir y buscar trabajo allá donde las condiciones laborales nos eran más propicias, podíamos incluso escoger otro país para vivir y trabajar porque hacía mejor clima o porque nos parecía más bonito. Sabíamos que personas extranjeras cuya vida corría peligro por razones políticas podían pedir asilo al nuestro y que nosotros lo podríamos pedir a otro país si alguna vez corríamos el mismo riesgo.
Ya hace mucho tiempo que circular, trabajar y vivir en cualquier país de la UE es para la ciudadanía de los territorios que pertenecen a la Unión totalmente libre. Desde hace años incluso es mucho más fácil para los ciudadanos del Espacio Schengen. Pero no para todo el mundo, claro. Los ciudadanos de los países empobrecidos en general están excluidos. Mientras para nosotros las fronteras han desaparecido para los «otros» es ahora prácticamente imposible; la verdadera frontera la marcan ahora el dinero y el color de la piel.
Europa se ha jactado siempre de ser el continente que ha salvaguardado los valores humanos y de manera similar los EE. UU. se han erigido en adalides mundiales de los valores occidentales en una línea parecida (la libertad, la paz, la tolerancia, la democracia, la defensa de los derechos humanos…).
De hecho, hemos vivido suficientes experiencias como para saber que una cosa son las intenciones o las declaraciones y la otra —muy diferente— los hechos. Sabemos que a menudo palabras y hechos se contradicen, a pesar de todo, siempre se puede apelar al derecho y a la justicia cuando este derecho y esta justicia están acogidos por instancias internacionales que los amparan. Por eso es tan importante que estas instancias estén atentas para que no se pierda terreno en ganancias tan esenciales. Y hace falta que tomen activamente medidas de cumplimiento obligado cuando estos valores, estos derechos, se ven amenazados o cuando, directamente, no se respetan.
Lo que ha sucedido recientemente con el Pacto de Migración y Asilo (PEMA) que ha votado el Parlamento Europeo es un enorme paso atrás en este sentido, porque, como reconocen ONG importantes Oxfam Intermon, Lafede.cat, Save the Children, Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Amnistía Internacional entre otras muchas…
Si hasta ahora las personas migrantes y las solicitantes de asilo de todo el mundo tenían serios impedimentos para encontrar protección y/o arraigar en una tierra foránea donde poder encontrar trabajo o donde su vida no se viera amenazada, ahora, con el Pacto de Migración y Asilo recientemente asumido por la UE, los obstáculos serán mucho mayores. En este sentido podríamos decir que el Pacto incumple el derecho de asilo que está regulado por el Derecho Internacional como derecho humano fundamental, que lo declara una obligación de los Estados, recogido en el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y desarrollado en la Convención de Ginebra del 1951 y su protocolo (Protocolo de Nueva York de 1967).
- Álvarez-Uría Rico, José Antonio (Autor)
Como estas organizaciones denuncian, el Pacto refuerza las políticas de externalización de fronteras y los retornos a terceros países, como Marruecos, Túnez o Libia, donde no se respetan los derechos humanos y las vidas de las personas devueltas pueden correr grave peligro. Además, se pretende considerar que una persona no ha llegado a la UE hasta que el Estado del país al que ha llegado no lo reconozca como «llegado» y lo autorice, aunque ya viva físicamente allí. Se trata de una ficción jurídica que se puede sostener por tiempo indefinido y dejar a la persona en un limbo mientras dure. También facilita la aplicación de procedimientos fronterizos acelerados y las detenciones sistemáticas y, si esto no fuera suficiente, permite que cada país de la UE pueda elegir entre acoger o pagar a un tercer país para evitarse la acogida. Prácticas éstas que, si bien ya se habían aplicado en más de un caso, ahora se normalizarán. Que esta devaluación de la situación haya sido un acuerdo del Parlamento Europeo es alarmante, porque normaliza lo que significa un gravísimo retroceso en la reivindicación del respeto a los Derechos Humanos más fundamentales.
En cuanto al ámbito de la política hay que preguntarse: ¿es inteligente este Pacto para frenar la inmigración hacia Europa?, porque éste es el objetivo que persigue la UE con este acuerdo.
Es más que evidente que no, que no es inteligente. Nunca ha sido inteligente —menos aún en cuestiones políticas y sociales— poner parches; las soluciones a los problemas nunca se han conseguido tapándolos o remendándolos, sino analizando las causas y, visto el resultando del análisis, poniéndoles solución. Y tampoco hay que tener gran capacidad de análisis para hacer el diagnóstico de las razones de las migraciones, las de nuestro tiempo y las de siempre. Las razones son la pobreza, la guerra, la amenaza climática, los países autócratas donde cualquier opositor corre peligro de muerte, la pena capital que amenaza a personas cuya identidad sexual no se corresponde con la oficialmente admitida en su tierra…
Así pues lo que hace falta con urgencia es orientar las políticas de la UE a combatir todas estas causas, si no lo hace, las migraciones no sólo seguirán como hasta ahora, sino que aumentarán; porque el cambio climático se agravia a una velocidad exponencial, porque la pobreza está íntimamente relacionada con el cambio climático (si bien no exclusivamente) y con el expolio de la riqueza de los territorios de los migrantes por parte de Europa y otros países del mundo occidental, porque las guerras se hacen con las armas que nuestros países (los que se sienten amenazados por la inmigración creciente) fabrican, exportan y venden…
Llegados a este punto de la lectura habréis deducido hace rato que este Pacto se basa en la más grande de las hipocresías, porque de estas razones somos culpables o cómplices los países del así llamado «mundo occidental» del cual Europa forma parte.
Inteligente —y ahora ya no hablo de Derechos Humanos ni de justicia— sería para la clase política de cualquier ideología, incluidas las que quieran hacer prevalecer argumentos xenófobos o económicos para frenar la inmigración, trabajar en políticas dirigidas a eliminar las causas.
Hace falta pues ayudar a los territorios empobrecidos con proyectos de desarrollo real que repercutan en la industrialización y la creación de puestos de trabajo en los países de procedencia de los inmigrantes, políticas que den perspectiva de futuro a las generaciones jóvenes en sus países.
Inteligente sería ser consecuente y abandonar la postura hipócrita de quien fabrica y vende armas a terceros países a escondidas, mientras critica y se lamenta de la cantidad de guerras que se libran en todo el mundo (un ejemplo: España, sin ir más lejos, que se posiciona contra Israel y defiende la creación de un Estado Palestino como única vía para conseguir la paz estable en la región —cosa loable, acertada y urgente por necesaria— al tiempo que vende armas a Israel. Y no es éste el único caso, España también exporta a Arabia Saudí, Turquía y Ucrania. Según cifras del año 2022, el Estado español ocupa el séptimo lugar en la exportación de armas después de los EE. UU., Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania, con una falta de transparencia amparada en una ley de secretos de estado que remite al franquismo. Sus compradores mayoritarios son países de la OTAN. Es el gobierno español —sea cual sea— el que tiene que autorizar a las empresas la venta de armas a terceros países, y la decisión la toman once funcionarios en reuniones a puerta cerrada…
El refranero y los dichos forman parte de lo que llamamos sabiduría popular tradicional; recogen realmente la sabiduría. Lo que pretende la UE con el Pacto de la Vergüenza es poner puertas al campo. Aun así todo el mundo sabe que es imposible. El Parlamento Europeo también lo sabe. ¿Por qué, pues, no abordar seriamente una política de causas?
Contra el Pacto de la Vergüenza propondría que el Parlamento Europeo firmara un Pacto de la Decencia con decisiones acordadas a orientar la política de la UE a evitar seriamente la tragedia de la inmigración y, en general, de las migraciones. Sí, la tragedia. Porque es una tragedia tener que emigrar por obligación y es una tragedia morir en el intento de hacerlo.
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Alonso Pinto Molina
Alfredo Llorens
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