Aborto y liberalismo

Jurídicamente hablando se entiende que la vida humana es un proceso que tiene su principio en el nacimiento y finaliza con la muerte.

Del mismo modo que una vez fallecido el ser humano adquiere distinta consideración jurídica, también sería lógico que fuera diferente con el no nato, o nasciturus, que en buena lógica carecería de la personalidad jurídica adquirida en el momento de nacer. Sin embargo, en el ordenamiento jurídico al nasciturus se le presta protección  en una medida prácticamente equivalente al nacido.

El Código Civil contempla la protección de los derechos del no nacido, considerándolo persona viva en lo referente a materia de sucesiones o derechos hereditarios en sus artículos 627, 644, 781, 750, 814 y 959; y en cuanto su derecho a continuar vivo, queda protegido por el artículo 15 de la Constitución española, que ampara la vida del nasciturus como un bien jurídico constitucional:

“Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las Leyes penales militares para tiempos de guerra.”

Es necesario avanzar que toda la legislación –incluyendo Constitución, Leyes de derechos humanos y todos los preceptos religiosos y deontológicos relativos al aborto–, no han contribuido a acercar posturas en tema tan delicado. Antes bien, todas estas leyes y normas se esgrimen, utilizan o manipulan a favor o en contra de intereses de partido o de ideologías, e incluso llegan a suponer en algunos casos un impedimento para alcanzar posibles soluciones, siempre bajo el peso de los preceptos morales.

Iremos explicando esta circunstancia a medida que avancemos en nuestra exposición, sobre todo en lo que se refiere a la postura de la Iglesia católica, pero de momento consideremos que el nasciturus, si está protegido jurídica y constitucionalmente, no lo está de facto en el vientre que lo gesta; antes bien, depende de la decisión de la gestante –muchas veces unilateral– sobre llevar o no el embarazo a término.

La despenalización del aborto se produce en España el 5 de julio de 1985 mediante Ley orgánica que contempla tres supuestos,: terapéutico (que el embarazo suponga un riesgo para la salud física o psíquica de la madre) , crimonológico (que sea producto de una violación) y eugenésico (que presente graves taras o malformaciones).

Actualmente se regula en el Título II de la Ley Orgánica 2/2010, que establece la posibilidad del aborto inducido durante las primeras 14 semanas (artículos 13 y 14); el artículo 15 aumenta el plazo hasta la semana 22 en caso de que el riesgo para la salud o la vida de madre y feto fuese grave; y a partir de la semana 22 sería necesaria la autorización de un comité médico si el riesgo afectara al feto, o la inducción obligatoria del parto en caso de afectar a la madre.

El proceso de aborto está cubierto por la sanidad pública, sobre todo en clínicas concertadas donde se realiza sin otro requisito que el previo paso por la asistenta social del ambulatorio que corresponda. La asistenta envía una solicitud después de la cual se concierta la cita, y una vez en la clínica se suele recurrir al supuesto terapéutico, o sea, riesgo para la salud física o psíquica de la gestante. Como el riesgo psicológico es extraordinariamente subjetivo, suele ser la razón que se aduce de forma habitual; así, si la perspectiva de un hijo supone la pérdida de libertad y tiempo o un perjuicio económico, gestante y clínica pueden aducir perfectamente que tales circunstancias causarían angustia o inquietud en la mujer, aunque solo fuese ligera, y con esto ya tendríamos justificado el riesgo de daño psicológico.

Aunque las razones para interrumpir un embarazo deben quedar en conciencia y en el propio fuero interno de quien decida llevar a cabo el aborto inducido, no es menos cierto que la Ley debería esclarecer con mayor contundencia los supuestos en los que admite que se practique, porque el  terapéutico supone claramente una puerta abierta a la manipulación.

Pocos temas habrá tan difíciles de considerar como el del aborto y de poder dar una respuesta resolutiva precisa y concreta, precisamente porque en las motivaciones se encuentra el argumento de peso que decide en la balanza a favor o en contra; y porque pretendiendo amparar al no nacido podemos dañar a una gestante cuyas capacidades y circunstancias desconocemos.

Antes de continuar esta exposición, vaya por delante que nuestra intención no es en modo alguno causar angustias de conciencia, sino analizar un problema que es grave en tanto en cuanto afecta a la vida humana, y conociendo sus causas tratar de hallar soluciones efectivas.

Desde el pensamiento liberal sería pretencioso querer decir la última palabra sobre este tema cuyos límites son vagos e imprecisos; la última palabra siempre la debe tener el individuo. Lo más realista y honrado, intelectualmente hablando, es invitar a la reflexión sobre datos científicamente objetivos, argumentos y criterios que puedan servir al ciudadano a tomar una decisión libre y personal, siempre acorde con la ley vigente, por supuesto, pero, en último término, según sus propias convicciones, principios y valores morales, es decir, según su conciencia y libertad de decisión.

Las posturas, por el contrario, representadas por partidos políticos, grupos de opinión o ideologías determinados, contienen de forma más o menos explícita la pretensión de imposición, manifestada en su exigencia de legislación sancionadora de su postura. El pensamiento liberal, por el contrario, intenta orientar e instruir o formar al individuo para que sea él capaz de decidir desde sus propias convicciones y desde los derechos fundamentales de la persona (vida, propiedad y libertad). Esta es la línea de desarrollo social considerada natural por el liberalismo, a diferencia de cualquier otra forma intervencionista, siempre impositiva, coactiva, cuando no violenta, con grados diversos de autoritarismo y totalitarismo.

En este punto vuelve a ser necesario tener en cuenta las consideraciones morales. La Iglesia católica, al ser mayoritaria, suele considerarse juez de tales cuestiones, pero no obstante no puede responsabilizarse a la Iglesia de todas las objeciones a la práctica del aborto, pues lo cierto es que ninguna religión concibe ni ampara la destrucción de la vida en el seno materno. Ya el juramento hipocrático, muy anterior a la moral cristiana, recoge el interés del galeno por proteger la vida en sus tres versiones: el original de Hipócrates, fechado hace 2.500 años, el de la Convención de Ginebra, y la actualización de Louis Lasagna:

“No permitiré que entre mi deber y mi enfermo vengan a interponerse consideraciones de religión, de nacionalidad, de raza, partido o clase. Tendré absoluto respeto por la vida humana. Aun bajo amenazas, no admitiré utilizar mis conocimientos médicos contra las leyes de la humanidad.”

Puede parecer –y de hecho así es– que el juramento hipocrático impide a cualquier miembro de la profesión médica prestar su praxis en una interrupción voluntaria del embarazo, puesto que quien lo jura está expresando su propia objeción de conciencia. Para aliviar ésta, no se ha tenido inconveniente en modificar el texto del juramento, que ya no es tal, sino promesa: La versión de 2017 del juramento hipocrático añade una cláusula muy conveniente para satisfacer la objeción de conciencia en casos controvertidos como el que nos ocupa, e incluso en otros como la eutanasia o las intervenciones de cambio de sexo: “Respetaré la autonomía y la dignidad de mi paciente.”

Del mismo modo la Asociación Médica Mundial ha sustituido en la misma revisión “Las Leyes de la humanidad” por algo mucho más acorde con los nuevos tiempos: “Los derechos humanos y las libertades civiles”, lo que viene a ser como aducir daño psicológico para acogerse a la Ley del aborto: una puerta abierta, el resquicio perfecto para adaptar la conciencia médica a las exigencias buenistas de las nuevas corrientes, amparadas por la ONU.

LOS INTERESES CREADOS QUE SUPONE EL ABORTO

Como todas las situaciones que afectan a la salud, la interrupción voluntaria del embarazo supone un negocio, sin que se entienda matiz peyorativo alguno a este término, sino una advertencia de que detrás de determinadas posturas o planteamientos ideológicos o morales respecto al aborto pueden existir motivaciones espurias ocultas. Ya ven que incluso la profesión médica adapta su ideario para convertirse en comerciales del aborto, y beneficiarse así de los nuevos intereses creados. De ella se lucran las clínicas privadas; las concertadas; las industrias médica y farmacéutica; la política, y, por supuesto, las nuevas corrientes de pensamiento que vienen imponiéndose en la sociedad con especial empeño en destruir la familia y los valores tradicionales.

Puede parecer que las clínicas abortivas no solo faltan al juramento hipocrático, sino a todos los principios de los derechos humanos. Para un amplio sector de la sociedad resulta incomprensible que profesionales de la medicina decidan llevar a cabo la interrupción voluntaria del embarazo, y sin embargo no puede negarse que en ciertos casos esta interrupción está justificada. Los tres supuestos que contempla la Ley –que el feto sea producto de una violación, presente graves taras o suponga un peligro para la salud física o psíquica de la madre– conducen a un debate paralelo al de la práctica del aborto, donde las cuestiones morales intentan imponerse al derecho de la mujer gestante a ser atendida con unas garantías sanitarias que aseguren en su caso la aplicación de los derechos humanos.

El conjunto de Leyes que protegen los derechos humanos pueden basarse en un solo concepto: no hacer a los demás lo que no queremos que nos hagan; básicamente es el imperativo categórico de Kant (Obra sólo según aquella máxima por la cual puedas querer que al mismo tiempo se convierta en ley universal) llevado a la praxis cotidiana. Este precepto está presente en todas las religiones y todas las morales con conciencia, y puede considerarse el respeto a la vida humana como lo más importante del juramento hipocrático, y de la profesión médica: la preocupación por la salud,  la vida.

¿Pero cuándo comienza la vida? Esta es la principal controversia. La ciencia considera que existe vida a partir del día 18 de la concepción, momento en que se produce la entrada de sangre al embrión.  El estado embrionario, en sus primeras fases, constituye el discutido conjunto de células sobre el que debaten los partidarios del aborto y sus detractores. La cuestión es decidir en qué momento puede considerarse un crimen interrumpir el desarrollo y nacimiento de esa vida humana, y en qué momento dejamos de ser médicos para convertirnos en comerciantes de la vida.

Desde luego, el conjunto de células al que nos referimos es un proyecto de ser humano, pero no un ser humano como tal. Se entiende entonces que el derecho asista a la capacidad de decidir de la mujer gestante por encima del derecho del no nacido, en tanto en cuanto se atiendan a las circunstancias que la Ley contempla. De penalizarse el aborto pasaría la Ley a tranquilizar las conciencias de aquellos que claman por la vida desde el respeto abstracto y ciego por la misma, pero está comprobado que no reduciría el número de abortos ni supondría una solución a problema tan complejo.

Desde el feminismo extremo, radical, de tercera generación, vulgarmente conocido como Feminazismo –aunque sería más apropiado llamarlo Femimarxismo–, se trata de imponer a la mujer la idea de que el aborto pasa de ser un derecho –aun cuando éste sea moramente cuestionable– a convertirse casi en una obligación para encajar en los cánones de lo que estos grupos radicales consideran ser mujer: mediante el empoderamiento colectivo y, por supuesto, el asesoramiento disfrazado de apoyo: “Nosotras parimos, nosotras decidimos”.

Algunas mujeres miembros de estos grupos radicales han llegado a proponer el aborto en masa de fetos masculinos, movidas por el odio irracional al hombre y el deseo de su exterminio. Afortunadamente se trata de una minoría ruidosa cuyas ideas solo sirven de irrisión en las redes sociales; pero lo cierto es que sus voces se alzan en pro del pensamiento de izquierda radical, siempre impositivo, que pretende que los cambios sociales se lleven a cabo prescindiendo de respetar su proceso de desarrollo y evolución natural.

Desde estos grupos se promueve la idea de la mujer no interesada en la maternidad, por considerarla una imposición del sistema de patriarcado. El deseo de ser madre o de formar una familia conforme a los valores tradicionales ha pasado a ser visto por estos colectivos un excesivo sacrificio personal, y ante la innegable necesidad de la reproducción para evitar la extinción de la especie humana se proponen alternativas a la familia como la crianza en grupo: cosa que supondría un regreso al paleolítico si no fuera porque en el paleolítico preservar la vida era cuestión prioritaria.

El feminismo serio reclama mayor comprensión de la problemática de la mujer que se ve en la tesitura de interrumpir su embarazo por parte de sectores como la Iglesia, principalmente porque la postura de la Iglesia católica ante el estudio y práctica de cualquier técnica de reproducción asistida o manipulación de embriones ha venido siendo tan clara como poco útil a la hora de conciliar la situación social con cuestiones morales como ésta, o el aborto. La Encíclica Humanae Vitae prohíbe además expresamente a los católicos el uso de medios anticonceptivos; de modo que el control de la natalidad se justifica únicamente atendiendo a la liturgia del matrimonio, donde los cónyuges se comprometen a recibir amorosa y responsablemente a los hijos.

Incluso el actual Papa Francisco, de mentalidad mucho más abierta que sus predecesores, admite el uso de anticonceptivos únicamente con carácter excepcional, como fue el caso de la epidemia de Zika en Sudamérica en 2016. Para el pontífice, en este caso la anticoncepción artifical no era “un mal absoluto”, y en cambio el aborto seguía siendo “un crimen”.

Es necesario admitir que la postura oficial de la Iglesia católica resulta casi un anacronismo, sobre todo en lo relativo a los medios de control de natalidad, puesto que parece razonable que debería incidirse especialmente en el uso de los mismos para evitar embarazos no deseados que pudieran derivar en la necesidad de interrumpirlos. La importancia de la educación sexual y del uso correcto de los medios de contracepción es vital para la prevención del aborto. Perseverar en la negación de esta necesidad no puede tener otro resultado que el alejamiento entre la doctrina de la Iglesia y los nuevos tiempos.

En una cosa tienen razón las feministas: “El aborto tiene una larga historia: unas veces ha sido tolerado, otras legalizado y otras penalizado. Las prohibiciones nunca han conseguido evitarlos, sino únicamente convertirlos en un procedimiento de alto riesgo para la salud, la vida y la libertad de las mujeres” (Otras voces feministas.Manifiesto).

Hace algunos años conocí el caso de una anciana que había tenido ocho hijos, y me contaba que en aquellos tiempos su marido se iba a trabajar muchos días sin comer porque no había suficiente para todos. El último embarazo terminó en un aborto provocado, sobre la mesa de su cocina, y a manos de un partero que la advirtió: “Señora, lo que voy a hacerle le va a doler. Si usted grita, la Guardia Civil nos saca de aquí a los dos”. Aquella mujer podría haber muerto, privada de una correcta atención sanitaria, y desde luego la experiencia no le resultó dolorosa únicamente en el plano físico: quien ha dado a luz y sacado adelante ocho hijos no puede considerar una cuestión sin importancia impedir el nacimiento de un noveno. Una experiencia como ésta supone siempre un daño íntimo que debe tenerse en cuenta en oposición a la actitud de otras mujeres que recurren al aborto casi como si se tratase de otro método anticonceptivo, por no usar los mismos con responsabilidad; y de ahí la importancia de no juzgar, y no tratar de imponer la moral propia al estilo de los intervencionistas.

El ejemplo de esta mujer, madre de ocho hijos, sirve para ilustrar la postura liberal frente al aborto, que nunca juzga la decisión de la persona por entender fundamental el derecho que ésta tiene al libre albedrío, pero en cambio, dada la gravedad del problema, intenta argumentar, convencer con datos objetivos y comprobables, fundamentar racionalmente sus valoraciones y propuestas porque considera al hombre un ser capaz de estimar, valorar y decidir sobre cualquier tema, cualquier circunstancia, su propia vida.

Cuando una pareja recibe la noticia de que el hijo que va a venir al mundo nacerá con una enfermedad que le impida una calidad de vida aceptable y digna, las consideraciones morales o religiosas pueden llevar a decidir seguir adelante con el embarazo. Están en su derecho, pero ¿hasta qué punto es moral o aceptable condenar a una criatura a una existencia de esas características? Se entiende perfectamente que, en un caso así, tan respetable es una postura como la contraria.

Un artículo reciente de Ángel Fernández en Libertad Digital propone la creación de una red asistencial adecuada en cada hospital que apelara a la responsabilidad individual sobre los propios actos, e incluso pudiera facilitar a la mujer embarazada los medios para salir adelante mediante ayudas sociales y/o privadas, o dar a su bebé en adopción; pero son opciones difícilmente realizables: la primera, porque chocaría frontalmente con los intereses políticos y económicos que hay detrás del aborto; y la segunda, porque no es lo mismo abortar que entregar un hijo llevado a término y ya nacido en manos ajenas. Y, sin embargo, son numerosas las dificultades que encuentran en el camino las parejas interesadas en adoptar, encontrándonos con la paradoja de que se dan todo tipo de facilidades para que se destruya una vida, y muy pocas o ninguna para preservarla en el seno de una familia adoptante.

La realidad es que no siempre las motivaciones para interrumpir voluntariamente un embarazo responden a motivos económicos, a veces simplemente se debe a la decisión de la mujer de no ser madre; pero cuando el problema es la falta de medios, la afectada no encuentra el necesario apoyo por parte de las administraciones ni de las asociaciones pro vida. Volvemos al concepto de dignidad, entendiendo que una vida no es digna por la supervivencia, sino por los medios en los que va a desarrollarse.

La búsqueda de alternativas a la destrucción de la vida intenta buscar otras soluciones bastante acertadas, como la donación del embrión y la posterior transferencia de éste a otra mujer que quisiera llevar adelante el embarazo. Los embriones pasarían a ser criopreservados, en cuyo caso la supervivencia puede alcanzar el 100%; pero como las posibilidades de que lleguen a término oscilan entre el 45 y el 57%, de nuevo la Iglesia rechaza una opción que podría salvar miles de vidas y solucionar las graves dificultades con las que se enfrentan las parejas que desean adoptar en España, con los argumentos que se recogen en la Encíclica Caritas Veritate.

A MODO DE CONCLUSIONES

• El liberalismo parte de la confianza en el ser humano, en la capacidad que este tiene para decidir sobre su propia vida, desconfiando de quienes se arrogan mayores aptitudes, preparación o competencia que el propio individuo, al sospechar que los planteamientos que se le intentan imponer responden más a intereses de terceros que a los propios.
• El aborto es un asunto peliagudo, nada claro, sin que existan hoy por hoy criterios definitivos y precisos que permitan siquiera proponer juicios de valor concretos y definitivos, incontrovertibles, sobre la conveniencia y licitud del mismo, y en qué términos y condiciones podría llevarse a cabo. La legislación sobre el mismo debe ser, por tanto, sumamente abierta, respetando siempre los derechos fundamentales liberales tantas veces repetidos y dejando a cada ciudadano la decisión desde su caso y circunstancias particulares. Esta postura se asienta en la confianza sobre la capacidad de la persona para regir su destino según su interés particular y colectivo.
• Es pues, un asunto sobre el que se impone, más que en otros casos, el libre albedrío del sujeto, desde su particular situación personal y sus propios planteamientos, tanto económicos como sociales, morales, religiosos, etc. Siempre, insistiendo una vez más, desde el respeto a los derechos fundamentales de las personas y la legislación vigente, principios esenciales del pensamiento liberal.
• En relación con el tema central del aborto, y en un intento por evitarlo al considerarlo como un mal social y de la propia mujer que lo puede padecer, estaría justificada en este caso la promoción desde las instituciones públicas y desde la misma sociedad, de medidas diversas sobre la formación y educación sexual de los jóvenes en métodos anticonceptivos y la conducta responsable, así como facilitadoras de la adopción, la crianza y educación de los recién nacidos cuyos padres se encuentren en unas circunstancias que, de otro modo, les inclinaría a optar por la vía del aborto.